Federalismo ambiental
Desde el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) aseguraron que el debate en torno a la adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) no debe interpretarse como un retroceso en materia de protección ambiental, sino como una oportunidad para fortalecerla sobre bases jurídicas más claras, previsibles y compatibles con el diseño federal de la Constitución Nacional, en resguardo del bien jurídico protegido.
En ese sentido, la entidad sostuvo que el proyecto de adecuación que se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación no debilita el régimen de tutela de los glaciares y geoformas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, sino que resulta clave para dotar de mayor precisión conceptual al sistema vigente.
Según el IADEM, esta mayor claridad normativa permitiría reforzar la protección ambiental, al tiempo que brindaría certidumbre jurídica tanto a las inversiones productivas como a las autoridades de aplicación de la ley, garantizando además una participación efectiva de las provincias, titulares del dominio originario de los recursos naturales.
A través de un comunicado, el instituto advirtió que la Ley de Glaciares contiene definiciones y conceptos que en la práctica han mostrado un alto grado de imprecisión, lo que derivó en interpretaciones dispares, conflictos de competencias y un escenario de incertidumbre jurídica que impacta tanto en los actores económicos como en las propias autoridades provinciales encargadas de su implementación. En ese marco, remarcaron que la protección ambiental, en un Estado de Derecho, no puede sostenerse sobre normas ambiguas que dificulten una aplicación uniforme y previsible.
Según el IADEM, la falta de claridad normativa en aspectos centrales del régimen actual debilita la eficacia de la tutela ambiental y erosiona la confianza necesaria para el desarrollo de inversiones de largo plazo. En contraposición, señalaron que un derecho ambiental efectivo debe asentarse en preceptos claros y precisos, aclarando que esta precisión no implica una reducción de los niveles de protección, sino su fortalecimiento, al otorgarle mayor eficacia a la norma y favorecer un desarrollo ambientalmente sostenible. En esa línea, calificaron al proyecto de adecuación como un acierto legislativo.
El instituto recordó además que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce la facultad del Congreso de la Nación para dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, un pilar central del federalismo ambiental argentino. No obstante, subrayó que dicha atribución debe ejercerse de forma armónica con el resto del texto constitucional. En particular, el artículo 124 establece que las provincias detentan el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, lo que las convierte en actores centrales en su gestión, administración y protección.
En ese marco, el IADEM destacó que el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares contempla de manera acertada la participación activa de las provincias, lo que lejos de contradecir el esquema de presupuestos mínimos, lo robustece, al integrar el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales.
La entidad aclaró que el involucramiento provincial en la tutela de los glaciares y geoformas periglaciares con función hídrica efectiva no habilita actuaciones discrecionales ni al margen del ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, en un sistema federal, las competencias nacionales y provinciales deben articularse de manera armónica, de modo que el ejercicio del dominio originario se encuentre sujeto al cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental y de la normativa dictada por el Congreso. En ese sentido, remarcaron que dicho dominio no permite imponer restricciones irrazonables que frustren las políticas federales orientadas a una explotación racional de los recursos naturales en función del interés general.
Finalmente, el IADEM concluyó que la sanción legislativa del proyecto de adecuación resulta imprescindible para fortalecer la tutela ambiental, superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar seguridad jurídica y consolidar el federalismo ambiental. Lejos de contraponer protección ambiental y desarrollo, o Nación y provincias, el desafío —señalaron— es articular ambos planos de manera coherente, garantizando una protección eficaz de los glaciares como bienes ambientales estratégicos y avanzando hacia un federalismo de concertación, tal como lo ha reclamado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley 26.639.