Avance institucional
Mendoza dio esta semana un paso administrativo que su agenda minera tenía pendiente. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó la primera reunión del Consejo de Minería, el organismo que la provincia había creado sobre el papel y que hasta ahora no había echado a andar. Con esa puesta en marcha, el Ejecutivo provincial completó el andamiaje de autoridad minera que venía montando desde 2024, en la antesala de una etapa que la gestión de Alfredo Cornejo asocia con la llegada de inversión.
El Consejo funciona como autoridad minera de segunda instancia, por debajo de la Dirección de Minería que conduce Jerónimo Shantal, y ambos permanecen bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente. Su competencia central es recursiva: interviene en las apelaciones contra las resoluciones de la Dirección que causen gravamen irreparable y actúa como cuerpo consultivo cuando esa Dirección lo requiere.
El gobernador oficializó la nómina de consejeros por decreto. La integran dos abogados, Diego Eduardo Silvestre y Florencia Sar Sar; una representante del área de minas y geología, Andrea Florencia Soledad Calderón, con Claudio Ángel David Dagne como suplente; y un representante de las cámaras empresarias, Raúl Gustavo Rivarola, con José Ángel Candeloro como suplente. Los consejeros cumplen un mandato de dos años, sin remuneración, y el cuerpo elige cada año su presidente y su vicepresidente.
Latorre enmarcó el movimiento en clave institucional. "Pusimos en marcha el Consejo de Minería, un paso importante para seguir fortaleciendo las instituciones que acompañan el desarrollo de la actividad, con más transparencia y seguridad jurídica", escribió la ministra en su cuenta de X.
Un código que reemplazó al de 1945
El Consejo nació dentro del Código de Procedimiento Minero, la Ley 9.529 que la Legislatura mendocina sancionó en 2024 para reemplazar un marco que databa de 1945. Aquella reforma, defendida en comisiones por Latorre y Shantal, sistematizó el trámite de los derechos mineros: fijó a la Dirección de Minería como autoridad de primera instancia, digitalizó expedientes que se acumulaban en papel, creó un registro de productores para combatir la explotación informal y reforzó las facultades de la Policía Minera con sanciones ejecutables. El texto abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría, y regula incluso el transporte del mineral por rutas provinciales.
La ministra volvió sobre ese eje al referirse a la norma. "Con la reforma del Código de Procedimiento Minero buscamos agilizar los procesos sin resignar garantías. Al contrario, queremos que cada decisión tenga reglas claras, transparencia y el respaldo de instituciones sólidas", planteó. El Gobierno provincial sostuvo desde el inicio que la reforma no toca la Ley 7722, la norma que exige la ratificación legislativa de cada declaración de impacto ambiental y que sigue operando como filtro político de la actividad.
Don Luis y Otro, el primer expediente que pasó el filtro
Ese filtro dejó su marca esta misma semana. La Cámara de Diputados dio sanción final a la ley que ratifica la declaración de impacto ambiental del proyecto Don Luis y Otro, una exploración de litio en el sur provincial. La votación fue de 36 votos afirmativos y 4 negativos, sin abstenciones; el Senado ya lo había aprobado el 26 de mayo. Con las dos cámaras, quedó habilitada la etapa exploratoria que exige el artículo 3 de la Ley 7722.
El proyecto cubre 234.256,5 hectáreas en la zona de Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, y busca evaluar el potencial de sales de litio en un sistema evaporítico de Cuyo, por fuera del Triángulo del Litio de la Puna. Está a cargo de la firma mendocina El Jarillal, en sociedad con Ampere Lithium, identificada en el proceso como una compañía de Australia. El diseño técnico contempla extracción directa de litio (DLE), un método que recupera el mineral de la salmuera sin construir grandes piletas de evaporación. La aprobación habilita únicamente la etapa de exploración; una eventual fase productiva exigiría nuevas evaluaciones ambientales.
Don Luis y Otro es el primer proyecto orientado específicamente al litio que atraviesa la ratificación de la Ley 7722 en Mendoza, una provincia cuya cartera minera venía traccionada por el cobre, con PSJ Cobre Mendocino como emprendimiento más avanzado.
El argumento de Latorre
El hilo que conecta las tres piezas es el que la propia ministra ofrece. "Una minería con instituciones fuertes y procesos eficientes es la base para generar confianza, impulsar inversiones y potenciar el desarrollo de Mendoza", afirmó Latorre. La secuencia que la provincia exhibe, con código nuevo, consejo activado y primer proyecto de litio ratificado, refuerza el mensaje que Cornejo y Latorre vienen llevando a foros de inversión, incluida su reciente presentación de la agenda minera mendocina en Chile.
Para la ministra, el cierre es una definición de rumbo: "Seguimos sentando las bases para que Mendoza avance en una minería moderna, responsable y sostenible, basada en información técnica, reglas claras y una visión de desarrollo para las próximas generaciones".