El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General del Senado incorporó tres modificaciones de fondo al expediente CD-6/26, la media sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, y puso el dictamen a disposición para la firma de los senadores presentes.
La reunión terminó sin despacho emitido. Fue la quinta jornada de tratamiento, tres semanas después de que el oficialismo se fijara la sanción antes de fin de agosto.
Para las carteras de energía y minería, lo que se decidió en el Salón Azul pesa más que el estado de las rúbricas. Dos de los tres cambios que anunció Monteverde tocan directamente la ecuación de un proyecto de gran escala: uno le impone una condición eléctrica que hoy no existe en ningún régimen de promoción argentino, y el otro le pone piso, verificación y multa a la contratación de proveedores nacionales.
El artículo 18, la condición eléctrica que antes no estaba
La modificación más relevante es un artículo nuevo. Según detalló Monteverde, los proyectos de inversión de gran escala que sean electrointensivos deberán acreditar, como condición para su aprobación, la disponibilidad de capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento, generación propia o almacenamiento que contribuya a cubrir su demanda máxima sin afectar la seguridad ni la confiabilidad del sistema. La reglamentación fijará los umbrales de potencia, los porcentajes mínimos, los plazos y las condiciones técnicas, con intervención de la autoridad energética competente.
El alcance del artículo depende de dónde caiga ese umbral de potencia, que la ley delega. Pero la lista de actividades que el propio régimen quiere captar es, casi en su totalidad, electrointensiva: los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial, la refinación y el laminado de cobre, la transformación del litio en producto grado batería, el hidrógeno por electrólisis y la licuefacción de gas natural en tierra. Ninguna de esas plantas se conecta a la red argentina sin discutir antes de dónde sale la potencia.
Ahí está el sentido de la cláusula. La red troncal no incorpora obras nuevas desde 2017 y la primera licitación de ampliación relevante, el corredor AMBA I, todavía no tiene pliego adjudicado. El artículo 18 traslada ese problema al proyecto: en lugar de esperar que el sistema le provea la potencia, el inversor debe llegar con su propio esquema de abastecimiento, generación o almacenamiento. La acreditación es condición de aprobación y la evalúa la autoridad energética.
En la misma línea se movió el artículo 4, que precisa qué son las "nuevas actividades económicas" alcanzadas por el régimen para incluir de manera expresa los proyectos industriales, tecnológicos y de prestación de servicios vinculados con infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional. La lectura conjunta es directa: el texto abre la puerta a los centros de datos y, en el artículo siguiente, les pide que traigan la energía.
Proveedores nacionales: piso del 20%, incumplimiento sancionable y multa del 3%
El tercer cambio es el inciso "O" del artículo 17, referido al plan de desarrollo de proveedores locales. La redacción incorporada establece un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores vinculados al proyecto, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio.
La novedad no es solo el porcentaje. El plenario sumó como conducta sancionable el incumplimiento total o parcial de ese compromiso cuando el Vehículo de Proyecto Único no pueda acreditar que la oferta local no estaba disponible o no resultaba compatible con las condiciones de mercado. La sanción es una multa de hasta el 3% del monto correspondiente al déficit de contratación verificado. El 20% deja de ser una declaración del plan de inversión y pasa a ser una obligación con prueba en cabeza del titular del proyecto.
Para la cadena de Vaca Muerta y para la minería del cobre y el litio, la cláusula opera sobre un terreno que ya tiene capas provinciales. Neuquén, por caso, volvió obligatorio el certificado de empleo local en toda licitación pública y privada. Un proyecto encuadrado en el Súper RIGI tendría que cumplir el piso nacional del inciso O y, además, las exigencias de la jurisdicción donde se emplace.
El despacho quedó a la firma y el texto vuelve a Diputados
Con las modificaciones incorporadas, el proyecto pasa a estar compuesto por 118 artículos y Monteverde puso el dictamen a disposición para la firma de los senadores presentes. El plenario terminó sin dictamen y el Senado no informó despacho emitido. El reglamento de la Cámara alta exige siete días entre la firma del dictamen y su tratamiento en el recinto, salvo habilitación por dos tercios, de modo que cada semana sin despacho corre la fecha de la sesión.
La discusión de fondo que quedó abierta atraviesa a ese inciso. En el mismo plenario se marcaron las dos puntas. La senadora Carmen Álvarez Rivero, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa con un argumento que apunta al corazón del inciso O: "Cualquier regulación que pongamos o privilegio para los locales encarecemos los proyectos y trabamos la posibilidad de inversión". Del otro lado, el senador Fernando Salino, de Justicia Social Federal, sostuvo que "es muy grande el sacrificio que hacen las provincias con este proyecto", en referencia al paquete de compromisos fiscales que el régimen le pide a las jurisdicciones que adhieran, entre ellos el de no crear ni aumentar regalías ni cánones durante treinta años.
Hay una consecuencia de procedimiento que la demora vuelve inevitable. Con el texto modificado, la eventual aprobación del Senado no convierte la media sanción en ley: devuelve el expediente a Diputados para una segunda revisión. La sanción definitiva se corre, como mínimo, más allá del calendario que el oficialismo manejaba.
La cola de espera del RIGI creció mientras el sucesor se demora
Mientras el régimen nuevo no consigue firmas, el vigente se sigue cargando. De acuerdo con la plataforma del Ministerio de Economía, con corte al 2 de septiembre, el RIGI acumula 22 proyectos aprobados por resolución, u$s 47.073 millones de inversión comprometida y 95.950 empleos directos e indirectos proyectados. Petróleo y gas aporta seis proyectos y u$s 24.793 millones; la minería, doce y u$s 21.230 millones. Entre las dos actividades explican el 97,8% de la inversión aprobada. El último ingreso a esa lista es la Ampliación Mega, de Compañía Mega, en Neuquén, por u$s 365 millones.
El movimiento fuerte está en la fila de atrás. Los proyectos en evaluación pasaron de 22 por u$s 101.241 millones el 11 de agosto a 23 por u$s 156.194 millones en el corte de hoy, un salto de casi u$s 55.000 millones en tres semanas. De esos 23, trece son de petróleo y gas, siete de minería, dos de energía eléctrica y uno de tecnología. Los empleos proyectados en evaluación suman 133.379.
El dato ordena la comparación entre los dos regímenes. El RIGI tiene ventana de adhesión abierta hasta el 8 de julio de 2027 y una cartera en evaluación que multiplica por más de tres a la ya aprobada. El Súper RIGI, en cambio, todavía no existe como vehículo, y los negocios que fue diseñado para captar, la refinación de cobre, las celdas de litio, el GNL onshore y los reactores modulares, no tienen hoy encuadre alternativo por encima del umbral de u$s 1.000 millones.
Los demás cambios y lo que quedó dicho en el plenario
Además de los tres artículos reseñados, el plenario dejó registrados estos puntos.
Planteo por el Acuerdo de Escazú. Al inicio de la reunión, Monteverde respondió una nota presentada por un grupo de senadores encabezado por Eduardo de Pedro, que cuestionó la falta de participación pública y de acceso a la justicia en materia ambiental. El presidente de la comisión sostuvo que el acuerdo se aplica a "proyectos y actividades", mientras que la iniciativa en tratamiento es un proyecto de ley, y explicó que los proyectos de inversión que se presenten al amparo de la norma deberán someterse a las evaluaciones y audiencias correspondientes cuando resulte aplicable.
Posiciones de bloque. La Libertad Avanza respaldó la iniciativa con las modificaciones propuestas a través de las intervenciones de Bartolomé Abdala y Bruno Olivera Lucero. El senador Jorge Capitanich planteó reparos sobre distintos aspectos del proyecto, en particular en cuestiones vinculadas con el empleo, la certificación de condiciones ambientales y de infraestructura, y formuló observaciones sobre los requisitos mínimos de inversión.
El proyecto que corre en paralelo. Media hora antes, en el mismo salón, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales trataron el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por Eduardo Vischi, que apunta a un umbral muy inferior. Su autor informó tres modificaciones: un artículo 6 que exige presentar un plan de inversión con carácter de declaración jurada, la eliminación del inciso del artículo 10 que impedía la superposición con otros beneficios, incluidos los provinciales, y una reforma del artículo 12 que fija estabilidad normativa tributaria por quince años desde la promulgación. Ese expediente también pasó a cuarto intermedio, con el objetivo declarado de avanzar hacia un dictamen unificado.