Agenda parlamentaria en energía y minería
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General del Senado de la Nación se reanuda este miércoles a las 16, en el Salón Azul del Palacio Legislativo, para continuar el tratamiento del expediente CD-6/26, la media sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado como Súper RIGI.
Según la agenda oficial de la Cámara alta, exponen cuatro funcionarios del Ministerio de Economía: Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento.
Estos son los roles que cumple cada integrante del panel: González coordina la Unidad RIGI y aporta la lectura de continuidad entre los dos regímenes; Guberman responde por el capítulo fiscal, que es el que la Cámara alta todavía no trató; Lavigne y Ramos cubren la definición de las actividades alcanzadas.
Anteriormente, la reunión del 5 de agosto había sido de presentación con la presencia del presidente de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, quien describió que el régimen "viene a dar facilidades a las inversiones de nuevas industrias, con montos que superan los 1000 millones de dólares" y que tiene “un plazo de adhesión de cinco años para presentación de solicitudes”.
Su par de Economía Nacional e Inversión, Enrique Goerling, sostuvo que el proyecto "busca atraer capitales de sectores estratégicos". El encuentro pasó a cuarto intermedio tras los pedidos de otros senadores para cursar invitaciones.
Qué puede pasar en el recinto
El antecedente de Diputados juega a favor del calendario oficial. El proyecto llegó al Senado con media sanción del 24 de junio, por 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, con el acompañamiento del interbloque que integran el PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz, y de Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta y Misiones.
En la Cámara alta, La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas sobre 72 y necesita 37 presentes para sesionar, de modo que el trámite depende de que ese mismo arco se repita. Las tres comisiones que tratan el expediente están presididas por el oficialismo y sus aliados: Monteverde y Nadia Márquez por La Libertad Avanza, Goerling por el PRO.
Si el despacho se firma este miércoles, el reglamento del Senado exige siete días entre la firma y el tratamiento en el recinto, salvo habilitación por dos tercios. Eso ubica la sesión en la semana del 19 de agosto, dentro del plazo que el oficialismo se fijó. Salvo si hay alguna modificación del texto, dado que cualquier cambio devuelve el proyecto a Diputados y empuja la sanción hacia septiembre. Con el texto intacto, la aprobación del Senado convierte la media sanción en ley y abre el plazo de noventa días que el propio articulado le fija al Poder Ejecutivo para reglamentar.
Para las provincias, la adhesión es una decisión separada y voluntaria. El acceso a los incentivos requiere adhesión expresa e integral de la jurisdicción, con un techo de 0,50% en Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la eliminación del Impuesto de Sellos y el compromiso de no crear nuevas regalías ni cánones administrativos ni aumentar los vigentes durante los treinta años de estabilidad. Es el mismo camino que ya recorrieron nueve provincias con el régimen vigente, entre ellas Catamarca, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan.
Petróleo y minería, los primeros beneficiados
De acuerdo a la plataforma online del Ministerio de Economía, con corte al 11 de agosto, el RIGI acumula 21 proyectos aprobados por resolución, u$s 46.708 millones de inversión comprometida y 95.158 empleos directos e indirectos proyectados.
La industria del petróleo y gas aporta cinco proyectos y u$s 24.428 millones (entre ellos, los proyectos de exportación VMOS y Southern Energy), el 52,3% del total. La minería aporta doce y u$s 21.230 millones, el 45,5%. El resto se reparte entre dos parques de generación renovable por u$s 487 millones, un proyecto siderúrgico por u$s 286 millones y una terminal portuaria por u$s 277 millones.
Por parte del gobierno de Javier Milei defienden al régimen vigente al considerar que cumplió con los sectores donde la Argentina ya tenía recurso probado y cartera lista, en tanto que el nuevo apunta al eslabón siguiente. La cola de espera confirma la escala del movimiento, con 22 proyectos en evaluación por u$s 101.241 millones, doce de petróleo y gas, siete de minería, dos de energía y uno de tecnología.
Los nuevos sectores a los que se apunta
El artículo 4° de la media sanción destina los beneficios a "nuevas actividades económicas", entendidas como proyectos que a la fecha de entrada en vigencia de la ley "no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto".
El piso de inversión sube de los u$s 200 millones generales del esquema anterior a u$s 1.000 millones por proyecto, con el 20% comprometido en los dos primeros años, y la alícuota de Impuesto a las Ganancias baja de 25% a 15%. Las inversiones en investigación y desarrollo computan por el doble de su valor para alcanzar el umbral, con tope del 20%.
Esta nueva arquitectura regulatoria define la lista de negocios que el Súper RIGI quiere captar y que hoy no tienen vehículo de adhesión: refinación y laminado de cobre, transformación del litio en producto grado batería, licuefacción de gas natural en tierra, hidrógeno y reactores modulares pequeños. En el último rubro ya hay una propuesta concreta esperando la sanción: Meitner Energy le presentó a Luis Caputo una inversión de u$s 1.200 millones para el primer ACR-300 en Atucha, por encima del umbral del régimen.
Para las compañías con cartera argentina, el efecto práctico de la ley empieza en una elección. El último párrafo del artículo 8° impide adherir al nuevo régimen a todo Vehículo de Proyecto Único que haya presentado solicitud de adhesión al RIGI en los términos del artículo 176 de la Ley 27.742, y también a los proyectos "que tengan objeto similar" a uno ya presentado.
La media sanción define ese objeto similar con tres criterios verificables: compartir el mismo plan de inversión, localización física principal, instalaciones esenciales o activos críticos; compartir la misma cadena de valor, producto o servicio final, o un proceso productivo sustancialmente análogo; o registrar una superposición igual o superior al 50% del CAPEX comprometido, de los activos físicos principales o de la capacidad de producción prevista.
La exclusión alcanza a los proyectos cuya solicitud fue desistida o dada de baja, y el texto declara inoponibles a la autoridad de aplicación las reorganizaciones, segmentaciones, cesiones y transferencias del mismo proyecto o de sus titulares.
La ventana de los 12 meses
El Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de febrero, prorrogó la ventana de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027 e incorporó al régimen la explotación de hidrocarburos costa adentro con un piso de u$s 600 millones, la modificación que habilitó al upstream de Vaca Muerta -el primer beneficiado fue Pampa Energía con un proyecto en el yacimiento shale de Rincón de Aranda-. El Súper RIGI, por su parte, abre una ventana de cinco años contados desde su reglamentación, prorrogable por uno más mediante decreto fundado en una evaluación de desempeño publicada en simultáneo.
Durante unos doce meses, entonces, los dos regímenes van a estar abiertos a la vez, y ese solapamiento es lo que permite estructurar cada proyecto con el encuadre que mejor le rinda. La elección se hace una sola vez: presentar al RIGI cierra el acceso al Súper RIGI, y un proyecto de objeto similar lo cierra también para el resto del grupo económico. Para una compañía con desarrollos en marcha y otros en tablero, la ventaja está en separar los vehículos antes de que la ventana del régimen vigente se cierre.
En la primera reunión informativa de Diputados, el 3 de junio, Daniel González defendió el proyecto ante el plenario de comisiones al afirmar: "nosotros queremos atraer inversiones, lo que más valoran las empresas es la estabilidad del período de treinta años, por encima de la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias".
Esa frase quedó registrada en el dictamen de minoría que firmaron Mariela Coletta y Martín Lousteau en el Orden del Día N° 149, el documento donde la oposición cifra el costo fiscal anual del régimen vigente en u$s 1.813 millones y calcula un adicional de u$s 545 millones por la nueva alícuota.