América Latina y el Caribe

Casi toda la región tiene un plan energético, pero solo cuatro países lo tienen por ley: las claves

La expansión de las renovables, la electrificación de la demanda, los eventos climáticos extremos y los cambios tecnológicos acelerados obligan a los países de América Latina y el Caribe a revisar sus estrategias de largo plazo. Especialistas de organismos regionales e internacionales coincidieron en que la planificación debe permitir anticipar riesgos, orientar inversiones y ajustar las decisiones ante nuevos escenarios.

Marina Cappiello
por Marina Cappiello 12 Octubre de 2026
12 Octubre de 2026
Especialistas de organismos regionales e internacionales analizaron los desafíos de la planificación energética de largo plazo en América Latina
Especialistas de organismos regionales e internacionales analizaron los desafíos de la planificación energética de largo plazo en América Latina

La transición energética está llevando a los países de América Latina y el Caribe a enfrentar un escenario en el que resulta cada vez más difícil proyectar un único camino para el desarrollo del sector. 

La expansión de las energías renovables, el crecimiento de la demanda eléctrica, los eventos climáticos extremos y la velocidad de los cambios tecnológicos plantean nuevos desafíos para la planificación energética de largo plazo.

Durante un panel regional, representantes de organismos como CEPAL, BID, OIEA, IRENA y EPE Brasil coincidieron en que el objetivo ya no pasa por intentar predecir con exactitud cómo será el sistema energético en las próximas décadas, sino por desarrollar instituciones, capacidades técnicas y herramientas que permitan evaluar distintos escenarios y adaptar las decisiones.

Planificación energética y previsibilidad para las inversiones

Ángela González, de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, explicó la experiencia de ese país, donde la planificación energética está establecida por ley desde 2001.

“Lo más importante es hacer un plan energético que sirva no solamente para el Estado, sino también para todo el sector privado”, afirmó González, quien destacó la importancia de anticipar las nuevas demandas del sistema y generar mayor previsibilidad para las inversiones.

En ese sentido, Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE y moderador del panel, señaló que la planificación de largo plazo adquiere un papel central frente a los desafíos vinculados con la integración energética, la transición, la infraestructura, la seguridad y la resiliencia.

Maiulini también destacó la creación, en 2024, del Consejo Regional de Planeamiento Energético de OLACDE, un espacio destinado a fortalecer las capacidades de los países, promover el intercambio de experiencias y avanzar en una visión regional de largo plazo.

Según planteó, una planificación más sólida permite mejorar la toma de decisiones, movilizar inversiones y vincular las políticas energéticas con las prioridades de desarrollo de América Latina y el Caribe.

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Ángela González, de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, explicó la experiencia de ese país, donde la planificación energética está establecida por ley desde 2001.

Más planificación, pero con equipos que todavía son pequeños

Marina Gil Sevilla, de CEPAL / GET.Transform, señaló que más del 85% de los países de América Latina y el Caribe ya cuenta con algún instrumento de planificación energética de largo plazo.

Sin embargo, advirtió que persisten limitaciones en las capacidades institucionales. En muchos casos, los equipos responsables de estos procesos son reducidos y solamente cuatro países de la región cuentan con mecanismos de planificación establecidos por ley.

La especialista también destacó los esfuerzos para incorporar los riesgos climáticos a la planificación eléctrica y fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos para enfrentar escenarios de mayor incertidumbre.

Para Ilse Berdellians, del OIEA, uno de los puntos centrales es que los propios países desarrollen y mantengan las capacidades necesarias para sostener estos procesos.

“El país debe apropiarse de su proceso de planificación”, remarcó. En su visión, la asistencia internacional puede aportar herramientas y conocimiento, pero la continuidad requiere capacidades nacionales permanentes y la participación de universidades, especialistas y distintas instituciones en la formación de nuevos planificadores.

Del pronóstico a la planificación adaptativa

La necesidad de trabajar con distintos escenarios también fue planteada por Martha Carvalho, del BID, quien defendió un modelo de planificación adaptativa.

“No se trata de predecir con exactitud el futuro, sino de contar con herramientas que permitan tomar mejores decisiones de inversión frente a distintos escenarios y corregirlas cuando las condiciones tecnológicas, económicas, climáticas o regulatorias cambian”, sostuvo.

La idea también fue compartida por Heloisa Borges Bastos Esteves, de FGV Energía, quien puso el foco en la necesidad de incorporar explícitamente la incertidumbre a los procesos de planificación.

“Planificar no significa eliminar la incertidumbre, sino hacerla explícita”, afirmó. En este marco, consideró necesario identificar qué riesgos enfrenta cada proyecto, cuáles pueden ser asumidos y cuáles requieren mecanismos específicos de mitigación.

El rol del Estado para movilizar inversiones

Otro de los ejes del debate fue el vínculo entre planificación energética e inversiones privadas.

Ricardo Gorini, de IRENA, sostuvo que la planificación debe contribuir a identificar y mitigar riesgos para movilizar capital privado, mientras que el Estado debe orientar las decisiones hacia objetivos de seguridad energética, desarrollo, competitividad y cumplimiento de las metas climáticas.

En la misma línea, Gustavo Naciff de Andrade, asesor de Presidencia de EPE Brasil, consideró que la planificación debe funcionar como un habilitador de inversiones.

“La planificación debe funcionar como un habilitador de inversiones”, señaló, y destacó la importancia de generar información, escenarios y señales que permitan mejorar las decisiones tanto del sector público como del privado.

El representante brasileño también remarcó la necesidad de una mayor coordinación dentro del Estado entre planificación, regulación y política energética, para evitar decisiones aisladas y mejorar la capacidad de respuesta frente a los cambios del sector.

La discusión dejó una conclusión compartida entre los especialistas: la planificación energética no puede eliminar la incertidumbre, pero sí permite anticipar escenarios, gestionar riesgos y tomar mejores decisiones de inversión y política pública.

En un sector atravesado por la transición energética, la digitalización, los cambios tecnológicos y la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos, la capacidad de adaptación aparece así como uno de los principales activos para los países de la región.

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