Rockhopper Exploration, dueña del 35% de Sea Lion, el proyecto petrolero que avanza al norte de las Islas Malvinas sin autorización argentina, acordó pagar u$s 44 millones por su parte del OSX-1, el buque que el consorcio compró para la segunda etapa del desarrollo.
La operación se instrumenta con acciones. Rockhopper suscribirá acciones ordinarias de una sociedad vehículo recién constituida cuyo único activo es el OSX-1, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés).
El monto equivale al 35% del costo de adquisición, estimado en unos u$s 125 millones, y saldrá de la caja de la compañía.
Navitas Petroleum, operadora con el 65%, ejerció la opción de compra el 24 de agosto y desde entonces era la única dueña del buque a través de esa sociedad. El OSX-1 quedó por fuera de los acuerdos de la sociedad conjunta que ya rigen Sea Lion, y la participación de Rockhopper se resolvió con este instrumento aparte.
Los fondos salen de la colocación que Rockhopper hizo después del anuncio de agosto: u$s 180 millones en acciones nuevas. La compañía destinó unos u$s 100 millones de ese total a su parte del área central de desarrollo y del OSX-1 hasta mediados de 2028.
Del grupo de Eike Batista a la Cuenca Norte de Malvinas
El OSX-1 fue la primera unidad de producción de OSX, la empresa naval del Grupo EBX de Eike Batista, que lo compró en diciembre de 2009. El casco se construyó en Corea del Sur y la adaptación se hizo en Singapur, en el astillero de Keppel. Según informó entonces OGX, la petrolera del mismo grupo, la operación completa costó u$s 610 millones entre compra y adaptación.
OSX lo alquiló a OGX por 20 años y le asignaba una capacidad de producción de hasta 60.000 barriles diarios. El 31 de enero de 2012 dio el primer petróleo de OGX, en la acumulación Waimea, rebautizada después campo Tubarão Azul, en la Cuenca de Campos. En su primer año de operación produjo más de 3 millones de barriles, según OSX.
Navitas estima que el OSX-1 sumará hasta 125.000 barriles diarios de capacidad a Sea Lion, más del doble de la que declaraba OSX. De los u$s 3.000 millones que la operadora calcula para el área central de desarrollo, unos u$s 1.150 millones corresponden a la compra, la mejora y la adaptación del buque. El programa prevé 38 pozos en dos fases, la presentación del plan ante el gobierno de las islas, una decisión final de inversión en el primer semestre de 2028 y producción hacia fines de 2030.
La primera etapa avanza por separado. El Aoka Mizu, el buque de 55.000 barriles diarios asignado a la fase 1, viajó a un astillero del sudeste asiático para su adecuación, la perforación arranca a comienzos de 2027 y el primer petróleo sigue previsto para el primer trimestre de 2028.
Sanciones, cautelar y contratistas
La compra avanza en medio de la ofensiva del Gobierno sobre el proyecto. El 3 de septiembre, en cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció que aceleraría las sanciones contra las empresas que operan en la cuenca. Al día siguiente, el Boletín Oficial publicó el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y fijó el procedimiento para inhabilitar a los infractores por un plazo de cinco a veinte años.
La ley prohíbe a quienes realizan actividades en la Argentina, y a sus accionistas, tener participación directa o indirecta en sociedades que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de las autoridades argentinas. La Cancillería abrió procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas, entre ellas las subsidiarias de Navitas y Rockhopper, sus accionistas y proveedores.
El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso en una medida cautelar que las dos compañías se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion. El 23, Milei llevó el tema a la Asamblea General de la ONU, y el 29 instruyó a la Cancillería a llevar Sea Lion al arbitraje de la Convención del Mar.
La cadena de proveedores se achica. El 2 de octubre, Halliburton ratificó desde su casa matriz en Houston que ninguna de sus filiales prestará servicios en el proyecto. El lunes 5, Navitas informó que trabaja para reemplazar a "dos contratistas incumplidores" y sostuvo que, con el respaldo del gobierno de las islas y del Reino Unido, no espera un efecto material adverso sobre el proyecto.
Del otro lado, el gobierno de las islas prorrogó el 21 de septiembre por cinco años todas las licencias petroleras y aprobó el ingreso de Navitas a PL001, el bloque lindero a Sea Lion. El 1 de octubre, ante una pregunta en la Cámara de los Lores, el Foreign Office precisó que toda nueva licencia de hidrocarburos en las islas requiere el consentimiento del secretario de Estado británico.
En la Bolsa, el costo ya está a la vista. Entre el 3 de septiembre y el martes 6 de octubre, la acción de Rockhopper bajó de 78 a 51,5 peniques en Londres, 26% por debajo del precio de su colocación, y las dos socias perdieron en conjunto u$s 1.269 millones de capitalización.
Rockhopper advirtió en agosto que va a necesitar fondos adicionales, por encima de lo recaudado, para llegar a la decisión de inversión del área central, prevista para el primer semestre de 2028.