Tiene media sanción
La Cámara de Diputados aprobó ayer la media sanción a la prórroga de la Ley 27.191 de Energías Renovables.
La extensión, por 20 años, lleva al 31 de diciembre de 2045 la vigencia del régimen de estabilidad fiscal previsto en el artículo 17 de la norma, vencido originalmente el 31 de diciembre de 2025.
El texto pasa ahora al Senado. La aprobación llega cinco meses después de que el mismo cuerpo legislativo rechazara, en diciembre, el Capítulo XI del Presupuesto 2026, donde el Poder Ejecutivo había alojado por primera vez la prórroga.
El artículo 17 de la Ley 27.191, sancionada en 2015 y reglamentada en 2016, dispone que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese blindaje fiscal vencía el 31 de diciembre de 2025; el texto que ahora cuenta con media sanción lo extiende hasta el mismo día del año 2045.
Pero el artículo 17 es solo el techo de un edificio fiscal más amplio. La norma original combina amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del IVA (operable en simultáneo con la primera), extensión del cómputo de quebrantos impositivos de cinco a diez años, exclusión de los bienes afectados al régimen de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta hasta el octavo ejercicio desde la puesta en marcha del proyecto, y certificados fiscales aplicables a Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, IVA e Impuestos Internos.
La prórroga, sin embargo, no actualiza las metas de penetración renovable ni reformula el mecanismo de contratación del MATER (Mercado a Término de Energías Renovables).
Es un instrumento de continuidad regulatoria, no de expansión de incentivos. La industria movilizó más de u$s 8.000 millones en inversiones durante la década 2015-2025 bajo el régimen original, según estimación de la CEA, y elevó la participación renovable en la matriz eléctrica argentina del 2 por ciento al 17 por ciento al cierre de ese período. El primer trimestre de 2026 mostró una aceleración: 19,2 por ciento en febrero, según datos de CAMMESA.
Tres intentos en diez meses
El proyecto que obtuvo media sanción es el resultado de un proceso legislativo en tres etapas. El primer intento, presentado en agosto de 2025 por veinte diputados con el impulso de Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, entonces presidenta de la Comisión de Industria, obtuvo dictamen de comisión pero no llegó a tratarse en el recinto y caducó con el recambio legislativo de diciembre.
El segundo intento fue la inclusión de la prórroga como artículo 74 del Capítulo XI del Presupuesto 2026: ese capítulo fue rechazado en la votación en particular el 17 de diciembre por 123 votos contra 117, arrastrando la extensión renovable junto a la revisión del régimen de Zona Fría y al esquema de compensación cruzada con las distribuidoras eléctricas.
El tercer intento es la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso en mayo, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, que reincorporó la prórroga al paquete energético. El texto que la Cámara baja votó este miércoles recoge la extensión a 2045 idéntica a la del proyecto Maquieyra y la articula con el resto del paquete que el Ejecutivo había buscado infructuosamente en diciembre.
Lo que dice el sector
Martín Brandi, presidente de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), viene sosteniendo desde mediados de 2025 que la previsibilidad fiscal de largo plazo es la condición central para sostener el pipeline de inversiones del sector.
Brandi también es CEO de PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), uno de los grupos locales más activos en proyectos solares y eólicos, y su voz combina representación cameral y exposición operativa.
La posición pública de la CEA enfatiza que la industria renovable no requiere subsidios ni beneficios fiscales adicionales: lo que necesita es previsibilidad, un marco jurídico confiable y reglas claras para el financiamiento de largo plazo. Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la entidad, definió en agosto pasado la previsibilidad como la mejor política de fomento.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) acompañó la iniciativa pero con un matiz: lamentó la falta de política sectorial activa y la eliminación de los objetivos de participación renovable en el texto, una decisión que deja a las renovables compitiendo por precio en cada nodo del sistema. La diferencia entre cámaras revela la tensión interna del sector: previsibilidad fiscal sin política de expansión activa funciona para los proyectos ya estructurados, pero deja al desarrollo nuevo sin una curva de despliegue que ordene la demanda.
Lo que viene en el Senado
Con la media sanción, el proyecto pasa a la Cámara alta para tratamiento. La aritmética parlamentaria del Senado entró en una etapa nueva después de las elecciones de octubre de 2025: La Libertad Avanza pasó de 8 a 21 senadores, igualó al bloque Justicialista en cantidad de bancas y, sumando el PRO, la UCR y aliados provinciales, el oficialismo se acerca al tercio más uno necesario para sostener vetos. Ningún espacio alcanza por sí solo el quórum de 37 bancas, por lo que los bloques provinciales conservan capacidad de definición. La sesión ordinaria se inauguró el 1° de marzo bajo la presidencia de Victoria Villarruel, con Bartolomé Abdala como presidente provisional.
El reporte Renewables 2024 de la Agencia Internacional de Energía sostiene que el potencial renovable inexplotado de las economías emergentes y en desarrollo se concreta solamente cuando los marcos regulatorios mejoran y ganan previsibilidad de largo plazo. La prórroga argentina responde a esa misma lógica: un horizonte de veinte años alinea el período de amortización de los proyectos con la vida útil del marco fiscal que los gobierna.
Quedará pendiente, en cualquier escenario, el frente físico del sistema. La red de alta tensión troncal permanece en régimen de emergencia desde diciembre de 2023, las grandes obras nacionales de transporte llevan casi una década sin nueva inversión y la obra AMBA I, identificada como prioritaria por más de u$s 1.200 millones, sigue sin tender bajo el esquema de concesión de obras previsto por el Decreto 921/25. El mapa de actores instalados — Genneia, AES Argentina, Central Puerto, YPF Luz, PCR, MSU Green Energy, TotalEnergies, Pampa Energía — está a la espera no solo de la sanción definitiva en el Senado sino de las obras que permitan despachar lo que ya está instalado y lo que vendrá. La estabilidad fiscal renovable es condición necesaria pero no suficiente para que el despacho efectivo de la nueva potencia crezca.