Anuncios de Javier Milei
Del paquete que Javier Milei anunció por cadena nacional, el instrumento de mayor alcance para la industria es el proyecto de ley que irá al Congreso.
Tres de sus definiciones sobre la Ley 26.659 mueven el perímetro: los proveedores de los proyectos en las islas recibirían las mismas penas y prohibiciones que las empresas a las que asisten, los infractores no podrían contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, y el régimen se extendería a otras actividades que afecten recursos naturales.
La pregunta que abre ese esquema es desde dónde se traza la línea.
El artículo 2 de la Ley 26.659 prohíbe tres conductas a toda persona física o jurídica que realice o esté autorizada a realizar actividades en la Argentina, y también a sus accionistas: desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación argentina, tener participación directa o indirecta en sociedades que las desarrollen o que les presten servicios, y contratar o realizar con ellas operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría.
El artículo 3 manda inhabilitar de cinco a veinte años y revertir al Estado las concesiones que el infractor posea. El artículo 5 impide al Estado nacional, a las provincias y a los municipios contratar con esas personas, con sus controladas o con sus accionistas. La Resolución 194/2013 de la Secretaría de Energía bloquea además la inscripción registral de contratistas y accionistas de las operadoras declaradas clandestinas. El andamiaje sancionatorio está escrito desde 2011 y ya cubre a proveedores y accionistas.
Lo que el proyecto agregaría, entonces, no es la figura del proveedor. Es la equiparación de la pena y la prohibición de contratar también con privados.
La cronología de Harbour Energy
En 2013 la Argentina inhabilitó a Premier Oil por ser titular de licencias otorgadas por el gobierno isleño. En marzo de 2021 Premier se fusionó con Chrysaor Holdings Limited y de esa operación nació Harbour Energy plc.
En julio de 2021 la Cancillería y la entonces Secretaría de Energía anunciaron el inicio del proceso de inhabilitación al amparo de la Ley 26.659 contra tres compañías por el proyecto Sea Lion: Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy plc y Navitas Petroleum LP. Dos meses después, en septiembre, Harbour informó al mercado que el desarrollo no encajaba en su estrategia y que exploraría la salida de sus licencias en las islas.
En abril de 2022 la Cancillería informó el desenlace del proceso contra Navitas: declarada clandestina e inhabilitada por veinte años para desarrollar actividades en territorio argentino. El comunicado no informó el desenlace del proceso contra Harbour.
En septiembre de 2022, con los consentimientos del gobierno isleño y del secretario de Estado británico ya obtenidos, se completó la operación por la cual Harbour vendió Premier Oil Exploration and Production Limited, la sociedad que concentraba sus licencias PL003, PL004, PL005, PL032 y PL033. La compradora fue Navitas, que quedó con el 65% y la operación de todo el paquete. Es decir que Harbour le vendió su posición en la plataforma continental argentina a la empresa que el Estado argentino había declarado clandestina cinco meses antes.
Qué tiene Harbour en la Argentina
El 3 de septiembre de 2024 Harbour completó la compra del negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, que incluía la cartera argentina. Según declara la propia compañía, su producción en el país se concentra en la concesión offshore Cuenca Marina Austral 1, en Tierra del Fuego, y en las concesiones de Aguada Pichana Este y San Roque, en la cuenca neuquina. Promedió 73.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2025 y evalúa un piloto de dieciséis pozos de shale oil para fines de 2026.
En la Cuenca Marina Austral 1 sus socios son TotalEnergies, que opera, y Pan American Energy. En Aguada Pichana Este, TotalEnergies como operadora, YPF y Pan American Energy.
Y está en el GNL. Harbour tiene el 15% de Southern Energy S.A., la sociedad de las dos unidades flotantes de licuefacción del golfo San Matías, junto a Pan American Energy con 30%, YPF con 25%, Pampa Energía con 20% y Golar LNG con 10%. Tiene la misma participación en San Matías Pipeline, la sociedad del gasoducto dedicado que cerró u$s 900 millones de financiamiento sindicado a siete años. Y es uno de los cuatro productores que firmaron contratos de suministro de gas a veinte años con el consorcio, junto a Pan American Energy, YPF y Pampa Energía.
El inciso que nadie mira: Harbour ya no tiene intereses en las islas
El punto no es Harbour. Es el inciso 3 del artículo 2, el que prohíbe contratar y realizar operaciones económicas y financieras con las empresas alcanzadas. Si la calificación se extiende, quienes quedan del otro lado del contrato son los socios: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y TotalEnergies, en cuatro estructuras societarias distintas.
Ahí aparece la variable que define todo el alcance y que el anuncio abre como interrogante: si la relación pasada cuenta. Harbour no tiene hoy intereses en las islas, los vendió hace cuatro años.
La Resolución 407/2007 alcanzaba a quienes fueran titulares, accionistas o contratistas de compañías con actividad hidrocarburífera ilegal y también a quienes hubieran mantenido ese vínculo en el pasado.
La Resolución 194/2013 la sustituyó para adecuar el régimen a la jerarquía superior de la ley, y sus considerandos dejan constancia de que la norma anterior era más restrictiva que la propia 26.659 justamente por ese motivo.
Un proyecto que endurece penas sin tocar ese punto deja la definición del perímetro donde está hoy, en una resolución de la Secretaría de Energía. Un proyecto que lo toca cambia la exposición de la cartera argentina antes que la de los proveedores de Sea Lion.
Quiénes intervienen en Malvinas
La nómina de compañías con actividad hidrocarburífera declarada en el archipiélago y sus aguas adyacentes es corta.
Navitas Petroleum LP, de Israel, opera Sea Lion con el 65% a través de su filial británica Navitas Petroleum Development and Production Ltd, y acordó además el farm-in por el 65% de la licencia PL001, adyacente al yacimiento. Rockhopper Exploration plc, del Reino Unido, conserva el 35% de Sea Lion y fue inhabilitada por la Argentina en 2013. La operadora anunció que evalúa sumar un socio estratégico para su plan de 77 pozos.
En PL001, el 35% restante está en manos de JHI Associates Inc., cuya adquisición completa acordó la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., que cotiza en Toronto y en Londres. Borders & Southern Petroleum plc mantiene licencias en el sector sur. Bluewater es la propietaria del buque de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, arrendado por Navitas. Netherland, Sewell & Associates certifica las reservas y los recursos de Navitas, de Rockhopper y de la licencia PL001. Canaccord Genuity y Peel Hunt colocaron el aumento de capital de Rockhopper de agosto.
Las contrapartes de los contratos que Navitas firmó al tomar la decisión final de inversión en diciembre de 2025, que incluyen el fletamento del buque de producción con su ingeniería y su operación, el equipo de perforación, los servicios de perforación y terminación y el paquete submarino no fueron identificadas en las comunicaciones al mercado de ninguno de los dos socios.