Integración regional
En Brasil, la política energética se discute casi siempre alrededor de dos ejes: cuánto mercado ocupa Petrobras y cómo fija sus precios.
Es una discusión vieja, que atraviesa gobiernos de signo opuesto y que vuelve a abrirse cada vez que hay elecciones. Esta vez no es la excepción. Con Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre, a la que llega después de obtener el 47,11% en la primera contra el 45,07% de Luiz Inácio Lula da Silva, esa agenda técnica tiene un referente dentro de su equipo: Adriano Pires.
Pires no es un recién llegado al debate.
Es economista por la Universidad Federal de Río de Janeiro (1980), magíster en Planeamiento Energético por la COPPE/UFRJ (1983) y doctor en Economía Industrial por la Universidad de París XIII (1987). Es socio fundador y director del CBIE, la consultora desde la que asesora a empresas y cámaras del sector, y antes pasó por el sector público: en la ANP, el regulador petrolero, fue asesor del director general y superintendente de Abastecimiento y de Importación y Exportación de petróleo, derivados y gas natural. Conoce, en otras palabras, los dos lados del mostrador.
Su incorporación al equipo se conoció el 14 de agosto, durante un almuerzo en el que expuso la visión técnica del candidato ante ejecutivos de PRIO, Shell, Equinor, BP, TotalEnergies, Perenco y Eneva. La lista de comensales dice bastante sobre el público al que le habla. La gestión corrió por cuenta de Daniella Marques, expresidenta de la Caixa y asesora económica de Flavio Bolsonaro, y se concretó tras la presentación del plan energético para la segunda vuelta.
Precios de mercado y una Petrobras con más autonomía
Pires es un promotor histórico de la Paridad de Importación (PPI), la regla que fue modificada en 2023. Su argumento es que vender por debajo del valor internacional desincentiva la participación de importadores privados y termina comprometiendo el abastecimiento. No propone, sin embargo, que el surtidor siga al barril sin red: para que esa disciplina de precios no recaiga de lleno sobre el consumidor, plantea un fondo de estabilización para combustibles que absorba la volatilidad del crudo sin trasladarla íntegramente y sin obligar a la empresa estatal a asumir el costo.
Sobre la compañía en sí, planteó la posibilidad de discutir una capitalización similar a la de Eletrobras para otorgarle mayor autonomía, un mecanismo que no figura expresamente en el programa. También ha señalado que hubo injerencias sobre la estatal en administraciones anteriores, y ha abogado por agilizar el licenciamiento ambiental en el margen ecuatorial, la frontera exploratoria sobre la que gira buena parte de la propuesta del candidato.
La agenda de Pires incluye además una posición sobre los tiempos. El 30 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía anunció un cronograma de subastas eléctricas para el período 2027-2029, y el economista respondió en público con un pedido: postergar nuevas medidas regulatorias o licitaciones en el sector hasta que se defina el proceso electoral. En la misma línea, cuestionó que el gas natural haya quedado afuera de los regímenes de incentivo para data centers y sostuvo que las plantas térmicas y la energía nuclear deben ser consideradas fuentes de respaldo.
Gas, fracking y el espejo de Vaca Muerta
En gas natural, su bandera es el gas release, la liberación programada de volúmenes de Petrobras al mercado. En 2024 sugirió limitar la cuota de cada agente a un rango de entre el 10% y el 20%, en un mercado donde la estatal concentra entre el 70% y el 90% de la producción doméstica. Es el mismo mercado al que apunta el gas argentino con un módulo firme de 10 millones de m³ diarios, de modo que lo que se resuelva allí también se sigue de cerca de este lado de la frontera.
Esa apertura no excluye al Estado. Pires apoyó el esquema del Brasduto, el mecanismo de financiamiento público para la red de gasoductos, y la instalación de centrales térmicas a gas en regiones sin infraestructura de ductos, una medida que quedó incorporada en la ley de privatización de Eletrobras. Detrás hay un criterio que repite: el Estado debe incentivar la inversión inicial para que después llegue el capital privado. La misma lógica aparece en la propuesta de integrar a la red de gas a las regiones que hoy están desconectadas.
El otro frente es el de los recursos no convencionales. En diciembre de 2025, Pires participó de la audiencia pública del Superior Tribunal de Justicia sobre fractura hidráulica, donde expuso los costos de seguir postergando la técnica. Más tarde sostuvo que el shale gas requiere tratamiento prioritario dentro del sector.
Su estudio de caso es Vaca Muerta. Del desarrollo argentino destaca la acumulación de más de 1.600 pozos no convencionales hasta 2023 y el hecho de que esa tecnología ya sea mayoritaria en las nuevas perforaciones. El enfoque quedó integrado a las propuestas de la candidatura, que vincula el fracking con seguridad energética, más oferta de gas y menores costos, a la espera de una resolución judicial. Brasil no es el único país de la región que mira hacia Neuquén: Colombia reabrió la carrera por su primer pozo con fracking.
El exministro, el abogado y la vuelta a las concesiones
Pires no trabaja solo. Articula la agenda con otros dos referentes del equipo, cada uno con un perfil distinto.
El primero es Adolfo Sachsida, economista y abogado, funcionario de carrera del Ipea desde 1997. Fue secretario de Política Económica y luego ministro de Minas y Energía entre mayo y diciembre de 2022, período en el que condujo la etapa final de la capitalización de Eletrobras y apoyó la evaluación de la desestatización de Petrobras. Hoy coordina el área económica del proyecto.
El segundo es Alexandre Chequer, socio de Mayer Brown y responsable de su práctica global de Energía, con sede en Houston y Río de Janeiro. Asesoró operaciones como la adquisición del 90% de TAG por parte de Engie y CDPQ, por u$s 8.600 millones, y la desinversión en distribuidoras de gas en el Nordeste. Se sumó al equipo como especialista en contratación petrolera y procesos de capitalización, las dos materias sobre las que descansa la parte más ambiciosa del programa.
Esa parte tiene fecha de origen. En junio, Flavio Bolsonaro planteó la sustitución del régimen de producción compartida por el de concesión en las subastas de áreas, con foco en el margen ecuatorial. El esquema retoma el modelo de la Ley del Petróleo de 1997, que rigió hasta que en 2010 se implementó la producción compartida para el presal. Los antecedentes normativos y los modelos de contrato de aquella ley se redactaron a fines de los años noventa en la firma Tauil & Chequer.