Las dos compañías que desarrollan Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, perdieron u$s 1.269 millones de valor de mercado en un mes. La cifra supera los u$s 1.000 millones de deuda senior que el consorcio cerró en diciembre de 2025 para financiar la Fase 1 del proyecto.
El cálculo toma como base el cierre del jueves 3 de septiembre, última rueda previa al anuncio presidencial de sanciones contra las empresas que operan en la cuenca sin autorización argentina, y llega hasta las últimas horas.
Rockhopper Exploration, dueña del 35% de Sea Lion, pasó de 78 a 51,5 peniques en Londres, una baja de 34%. Su capitalización bajó de u$s 1.127 millones a u$s 731 millones: u$s 396 millones menos. Solo el lunes la acción perdió 15,2%.
Navitas Petroleum, operadora con el 65%, retrocedió de 133,60 a 113 shekels en Tel Aviv, un 15,4%. En dólares, su valor de mercado cayó de u$s 5.383 millones a u$s 4.510 millones: u$s 873 millones menos.
De la cadena nacional a la Cámara de los Lores
El punto de partida fue la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que el presidente Javier Milei anunció que aceleraría las sanciones, un DNU para una base naval y un proyecto que equipara a los proveedores con las operadoras. Las medidas apuntan a inhabilitar para operar en el país a las empresas involucradas "directa o indirectamente" en proyectos en las islas sin autorización argentina, sobre un régimen que ya estaba escrito desde 2011.
Al día siguiente, la Cancillería inició un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas, entre ellas las subsidiarias de Navitas y Rockhopper, sus accionistas y proveedores.
El frente judicial se abrió el 16 de septiembre, cuando la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a las dos compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion.
Una semana después, el 23 de septiembre, Milei llevó el tema a la 81ª Asamblea General de la ONU. "Malvinas es para nosotros una causa nacional", dijo en Nueva York, y nombró al proyecto: "Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina", bajo "licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas". También adelantó la línea que siguió después: "No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal". El 29 de septiembre instruyó a la Cancillería a llevar Sea Lion al arbitraje de la Convención del Mar contra el Reino Unido.
Londres respondió que defenderá el derecho de autodeterminación de los isleños, y las compañías sostuvieron que operan con licencias válidas otorgadas por el gobierno de las islas y con respaldo británico. El gobierno isleño, por su parte, prorrogó cinco años todas las licencias petroleras y aprobó el ingreso de Navitas a PL001, el bloque lindero a Sea Lion. Pero el 1 de octubre el Foreign Office introdujo un matiz: ante una pregunta en la Cámara de los Lores, el subsecretario parlamentario Lord Wood of Anfield afirmó que toda nueva licencia de hidrocarburos en las islas requiere el consentimiento del secretario de Estado. La exigencia no alcanza a Sea Lion, que opera con licencias ya otorgadas, pero deja en manos de Londres la última palabra sobre futuras concesiones.
La pérdida contra el financiamiento, socios y fondeo más caro
La decisión final de inversión fijó un requerimiento de u$s 1.800 millones hasta el primer petróleo y de u$s 2.100 millones hasta completar el proyecto. De ese total, u$s 1.000 millones son deuda senior: u$s 350 millones a cargo de Rockhopper y el resto de Navitas. Cada socia perdió en Bolsa más que su propio tramo del préstamo.
Rockhopper había colocado acciones por u$s 200 millones a 70 peniques entre fines de agosto y mediados de septiembre. El papel cerró el lunes 26% por debajo de ese precio, y lo perdido en capitalización duplica lo recaudado.
El derrumbe de la acción tiene un segundo efecto, menos visible que la pérdida patrimonial: encarece cada dólar que falta conseguir. La Fase 1 está financiada, pero el plan completo no. Navitas estima en u$s 3.000 millones el presupuesto del área central de desarrollo, la etapa siguiente, para la que el consorcio negocia una segunda FPSO que llevaría la producción a 180.000 barriles diarios. La operadora, además, busca sumar un socio estratégico para su plan de 77 pozos.
Para Rockhopper la cuenta es directa. Con la acción a 51,5 peniques, levantar el mismo monto que en la última colocación exigiría emitir 36% más acciones que a 70 peniques, con la consiguiente dilución para quienes ya están adentro. Y los inversores que entraron hace un mes acumulan una pérdida de 26%, un antecedente que pesa sobre cualquier nueva convocatoria.
Para un eventual socio, la ecuación también cambió. Quien evalúe ingresar al proyecto debe ponderar hoy un riesgo de sanción propia en la Argentina, que el proceso de la Cancillería extendió a accionistas, fondos y proveedores, y una cadena de contratistas que se achica. El filtro alcanza incluso a las inversiones en el país: el Gobierno modificó el RIGI para que toda solicitud de adhesión pase por Cancillería y firme una declaración jurada por Malvinas. La baja de la cotización refleja ese riesgo y, a la vez, reduce el valor al que las dueñas pueden negociar una participación.
Con el crudo en alza
La caída ocurrió con viento sectorial a favor: el Brent subió cerca de 5% en el período, de u$s 95,5 a alrededor de u$s 100 por barril.
El golpe del lunes llegó después de que Rockhopper reprodujera un informe de Navitas al mercado: dos contratistas notificaron que no trabajarán en el proyecto y la operadora busca reemplazarlos. La compañía israelí sostuvo que no espera un impacto material adverso, aunque advirtió que esa evaluación puede no cumplirse si los reemplazos se demoran, si se retiran más proveedores o si la Argentina profundiza sus medidas.
La salida de los dos contratistas se suma a una lista que ya tenía siete nombres. La última fue Halliburton, que el viernes 2 de octubre ratificó desde su casa matriz en Houston que ninguna de sus filiales prestará servicios en Sea Lion, después de un primer anuncio de su subsidiaria local el 5 de septiembre. Antes se habían pronunciado SLB, Baker Hughes, Weatherford, DLS Archer y Tenaris, además de la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), que informó que sus socias no participarán en licitaciones vinculadas con las islas. Navitas no identificó a los dos contratistas que ahora debe reemplazar.
El cronograma del offshore malvinense mantiene el primer petróleo para 2028.