Brasil elegirá presidente el 25 de octubre entre dos programas que tratan a la energía y a la minería como política de Estado, aunque con conductores distintos.
Flavio Bolsonaro (PL) llega con ventaja: obtuvo el 47,11% en la primera vuelta, contra el 45,07% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), y su partido será la primera fuerza del Congreso, con 121 diputados y 28 senadores. Ese dato importa tanto como el porcentaje, porque buena parte de lo que propone requiere leyes.
El documento del senador, de 76 páginas, resume su criterio en una frase: "El papel del Estado no es ser el empresario, es ser el país que funciona". De ahí se desprende todo lo demás.
Petróleo: concesión en lugar de reparto
El capítulo energético del plan no menciona a Petrobras. Sí promete retomar el Programa Nacional de Desestatización, "evaluando caso por caso dónde la presencia del Estado dejó de tener sentido". El candidato ya no habla de privatizar la compañía entera, como en 2022, sino de vender empresas y unidades puntuales del holding.
El cambio de fondo está en el régimen de contratos.
En junio, Flavio se pronunció por reemplazar el reparto de producción por la concesión en las subastas de áreas. La diferencia es sustancial. En el reparto, creado por la Ley 12.351 de 2010, el petróleo pertenece a la Unión y gana quien le ofrece la mayor porción del excedente. En la concesión, la empresa se queda con lo que produce y paga bono, regalías y participaciones especiales. La definición apunta al margen ecuatorial, la frontera exploratoria del norte, donde un proyecto de ley del oficialismo busca imponer el reparto.
En refinación, el plan propone modernizar el parque para procesar más crudo nacional y abastecer al Centro-Oeste por modos más baratos que el camión. El contraste es con 2023, cuando Lula suspendió la venta de refinerías y abandonó la paridad de importación como regla de precios.
Gas: abrir la infraestructura y habilitar el no convencional
Aquí está el tramo más técnico del programa. El Programa Nacional de Seguridad Energética se concentra en refinación, procesamiento, evacuación y transporte, y permite la explotación de gas no convencional mediante fracking "con responsabilidad ambiental y cumpliendo la ley". La técnica no se usa comercialmente en Brasil y está frenada por litigios judiciales.
El diagnóstico es que el presal produce cada vez más gas, pero una parte se pierde por falta de ductos de evacuación mientras el país "importa gas caro del exterior".
La respuesta es continuar la Nueva Ley del Gas de 2021 y ampliar la red con capital privado para conectar a los estados que hoy están fuera del sistema. Petrobras controla cerca del 80% de la infraestructura de evacuación y procesamiento, de modo que la apertura implica reducir su peso como operador dominante.
El plan agrega un destino industrial para ese gas: la producción de fertilizantes nitrogenados, que se complementa con potasio y fosfato del lado minero.
Electricidad y estabilidad por 20 años
Para el sector eléctrico, el programa propone simplificar la factura, racionalizar cargos y subsidios cruzados, y reducir de forma gradual la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) y los beneficios a las fuentes incentivadas, sin tocar la tarifa social. La regulación de todas las fuentes tendría un único criterio: el menor precio final.
Se suman una rebaja de impuestos sobre electricidad y combustibles, la expansión de la transmisión para reducir congestiones y un programa de almacenamiento con baterías de gran porte. El objetivo declarado es atraer data centers.
En biocombustibles, el texto enumera etanol, biodiésel, HVO, SAF y biogás, y propone llevar el RenovaBio al exterior para vender créditos de carbono.
Reglas: silencio positivo y estabilidad a 20 años
Tres promesas regulatorias atraviesan a la energía y a la minería por igual. La primera es un licenciamiento ambiental con plazo, en el que el silencio del organismo equivale a la aprobación.
La segunda es un mecanismo de estabilidad de reglas por hasta 20 años para los grandes proyectos de larga maduración. La tercera es la responsabilidad del Estado: si revoca una licencia obtenida de buena fe, responde por los perjuicios.
El plan también elimina superposiciones entre los organismos ambientales y reconoce autonomía a pueblos indígenas y comunidades quilombolas para decidir sobre actividades productivas en sus tierras.
Minería: el Estado como regulador
El programa enumera litio, niobio, grafito, cobre, níquel, uranio y tierras raras, y propone procesarlos en el país con la energía renovable disponible. La definición es explícita: "El Estado actuará como regulador y coordinador, no como empresario".
Los pilares son un marco regulatorio estable, licenciamiento ágil, atracción de capital y tecnología extranjeros, y verticalización con incentivos de mercado. El plan promete resolver las garantías de crédito, acelerar los derechos mineros y firmar acuerdos con todos los países interesados, "sin prejuicios ni resabios ideológicos". Es la misma carrera en la que la Argentina ya se anotó con la agenda de los minerales críticos.
Lula: Petrobras en el centro
El programa del presidente nombra a la estatal once veces en su capítulo de energía. Prevé que amplíe sus inversiones en exploración en tierra y costa afuera, revitalice campos maduros, expanda su capacidad de refinación y vuelva a la distribución de combustibles. También le asigna a Transpetro la logística de GNL.
Para el gas, el texto es breve. Promete expandir e integrar la red de gasoductos y "fortalecer la integración gasífera sudamericana". En electricidad mantiene las subastas de transmisión, abre una línea de inversión en baterías y propone discutir cómo abaratar la energía.
En minería, Lula inscribe los minerales críticos en su política industrial. Promete una política específica que organice las cadenas y evite "la simple exportación de materias primas estratégicas", con crédito público dirigido y exigencias de contenido local. El Nordeste, con cerca del 70% de la generación eólica y solar, recibiría las plantas electrointensivas.
La lectura para la Argentina
Para Vaca Muerta, el dato de fondo es que la demanda brasileña de gas argentino no depende de quién gane. Los dos programas coinciden en que la industria necesita gas más barato, y ese diagnóstico es el que abrió el corredor por Bolivia. El de Lula promete fortalecer la integración gasífera de la región. El de Flavio nombra a la Argentina entre los socios con los que hay que recomponer el vínculo y propone conectar a los estados que hoy están fuera de la red, es decir, más mercado para abastecer.
Las voces del sector brasileño van en la misma dirección. Petrobras concretó en octubre de 2025 su primera importación de gas neuquino, junto con Pluspetrol, con un contrato que le permite traer hasta 2 millones de metros cúbicos diarios en modalidad interrumpible. Para Angélica Laureano, directora de Transición Energética de la compañía, la operación "abre una nueva posibilidad para la importación de gas natural a Brasil". La petrolera tiene además interés directo en la cuenca: su filial argentina posee el 33,6% del área Río Neuquén.
Roberto Ardenghy, presidente del Instituto Brasileño de Petróleo y Gas, lo planteó sin matices ante la industria de su país: "Argentina representa hoy una alternativa muy interesante para el mercado brasileño de gas". El protocolo que negocian los dos gobiernos prevé un sendero de 2 millones de metros cúbicos diarios en el corto plazo, 10 millones en tres años y hasta 30 millones desde 2030.
La hoja de ruta técnica acompaña. Un estudio de OLACDE proyecta que el primer módulo de exportación en firme podría operar entre 2029 y 2030, con un potencial de 32 millones de metros cúbicos diarios, en línea con la discusión sobre cómo construir un mercado regional del gas. El capital brasileño ya se mueve en ese sentido, como mostró el desembarco de BTG Pactual en el gas y la electricidad locales.
Gane quien gane el 25 de octubre, Brasil seguirá necesitando gas competitivo para su industria. Y el más cercano está en Vaca Muerta.